Aumentan pena por homicidio agravado en razón del parentesco

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Con la finalidad de disminuir los homicidios, el Poder Legislativo reformó el Artículo 125 del Código Penal de Estado, con el cual se aumentó la penalidad respecto al homicidio agravado en razón del parentesco.
En este sentido, se estableció en el ordenamiento mencionado, que a quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de trece a treinta años. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio.
La diputada Rocio Sarmiento, en representación de la Comisión de Justicia, señaló que dicha penalidad se aumentó de 10 a 12 años de prisión, toda vez que el homicidio simple intencional en el Código Penal, establece una pena mínima a imponer de 12 años de prisión, en cambio, la privación de la vida dolosa a un familiar con conocimiento del parentesco, contaba con una pena mínima de 10 años.
Por lo anterior, se consideró que para tutelar el principio de proporcionalidad se debía incrementar la punibilidad mínima en el delito contemplado, ya que si bien en ambos se está frente al mismo bien jurídico tutelado, el grado de reprochabilidad es mayor cuando el agente con conocimiento de la relación de parentesco perpetúa el homicidio.
Cabe mencionar que en lo relativo a la eliminación de la porción normativa “con conocimiento”, el agente siempre debe tener información de la relación de parentesco, de lo contrario, no existiría ese elemento subjetivo que evidencia la gravedad de la conducta, es decir, la intencionalidad de privar de la vida a un pariente.
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Piden diputados enfatizar la difusión de las líneas de atención psicológica

El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó al Gobierno del Estado, para que a través de la Secretaría de Salud, y el Gobierno Municipal, enfaticen en la publicidad de las líneas de atención psicológica con las que cuentan varias dependencias estatales, en relación con la contingencia generada por el COVID-19.
La diputada Marisela Sáenz Moriel, presidenta de la Comisión de Justicia, expuso que tanto el Gobierno del Estado, como el Municipal, incluso el sector empresarial, cuentan con líneas de apoyo, de orientación psicológica y para dar atención a crisis emocionales, como son la ansiedad, el intento de suicidio y la depresión.
Durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID 19, la Línea Ciudadana ha recibido las inquietudes de la ciudadanía especialmente ofreciendo primeros auxilios psicológicos, a la fecha se han recibido 451 llamadas en la región centro sur del estado, relacionadas al tema de COVID 19, de las cuales 363 de los usuarios buscaban orientación.
Es importante señalar que las opciones de atención para prevenir cualquier situación de riesgo, gubernamentales y no gubernamentales, son variadas y sus mecanismos para brindar atención psicológica durante y por motivo de la pandemia COVID -19, son varias.
Por lo antes mencionado, y en el afán de evitar situaciones de riesgo, es que la Sexagésima Sexta Legislatura, hace el llamado para que las autoridades mencionadas, realcen la difusión respecto del servicio que se presta a través de las líneas de atención a las personas.

Exhorta Congreso a los 67 ayuntamientos a armonizar sus reglamentos respecto de la reforma a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Ejecutivo Estatal, así como a los 67 ayuntamientos de la Entidad, para que en caso de no haber armonizado sus respectivos reglamentos con el Decreto No. LXVI/RFLEY/0617/2019 I P.O., lo hagan a la brevedad, en cumplimiento al principio de jerarquía normativa.
El diputado Gustavo De la Rosa Hickerson, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, refirió que el Decreto No. LXVI/RFLEY/0617/2019 I P.O, por el cual fue reformada la Ley de Vialidad y Tránsito, principalmente en lo relativo a la prohibición de retener documentos y la obligatoriedad para que los elementos de vialidad porten videocámaras adheridas a sus uniformes.
“Es obligación de los ayuntamientos adecuar sus reglamentos a la norma estatal vigente de acuerdo al principio de subordinación jerárquica, lo que implica que su orden jurídico municipal tiene como límite natural lo trazado en la legislación estatal, por ende no debería contener disposiciones que se extralimiten o se contrapongan al régimen superior normativo jurídico”, agregó el Legislador.
Sin embargo, este Poder Legislativo, consideró necesario hacer un llamado a los ayuntamientos del Estado, y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que, quienes no han armonizado sus reglamentos con el Decreto referido, lo realicen a la brevedad y en su defecto apliquen la Ley de acuerdo al principio de subordinación jerárquica, explicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para finalizar, detalló que en aquellos casos en los que no se ha realizado la armonización respectiva, sus reglamentos están operando de manera inconstitucional, de acuerdo a lo referido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Piden integrar a personal de la CEDH en operativos de la Dirección de Vialidad y Tránsito

El Poder Legislativo de Chihuahua envió un exhorto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para que, se acuda de forma aleatoria a los operativos realizados por la Dirección de Vialidad y Tránsito del Estado, y verifique que en su actuación no se vulneran derechos humanos.
Para lo anterior, el Congreso del Estado solicitó también a la Dirección de Vialidad y Tránsito, para que en un ambiente de colaboración y coordinación, informe a la CEDH, el día, hora y lugar en donde se desarrollarán los operativos de vialidad y tránsito relacionados con la detección de conductores en estado de ebriedad y/o en cualquier otro tipo de operativos donde pueda existir contacto con terceras personas.
Dentro del Dictamen expuesto por la diputada Marisela Sáenz Moriel, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, refirió que constitucionalmente, así como en tratados internacionales, se encuentra plasmada la obligación por parte del Estado de proteger derechos fundamentales; en base a ello, se le debe dar certeza a la sociedad de la protección de sus derechos, así como, inhibir actos de corrupción, en esta caso, durante el desarrollo de los operativos desplegados por de la Dirección de Vialidad y Tránsito.
Por último, Sáenz agregó que, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la propia naturaleza de sus funciones y en aras de la protección integral de los derechos humanos, así como, la Dirección de Vialidad y Tránsito, pueden colaborar mutuamente, la primera en revisiones aleatorias a los operativos y la segunda procurando dicha participación.

Solicita Congreso estudio de factibilidad sobre el establecimiento de oficinas de la Sub Delegación de la FGR

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, en Sesión Ordinaria, exhortó a la Delegación en Chihuahua de la Fiscalía General de la República, para que brinde un informe de si existe algún estudio de factibilidad que sustente el albergue de las oficinas de la Sub delegación de la Fiscalía General de la República en el inmueble ubicado en el Boulevard Antonio Ortiz Mena, donde alguna vez funcionó la tienda del ISSSTE en esta ciudad capital; de ser así, se comparta su contenido con el Legislativo estatal.
Dentro de la exposición del Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, la diputada Marisela Sáenz Moriel, señaló que la petición se realiza toda vez que, dentro de los antecedentes, el iniciador menciona una inviabilidad en el cambio de sede de las oficinas ya mencionadas, entre estos, la falta de consulta de los vecinos, que las instalaciones no cumplen con los requerimientos mínimos para operar con seguridad y fluidez, problemas de movilidad y afectación en la plusvalía.
En lo relativo a la falta de consulta a la población vecinal, al analizar los problemas planteados, se señala que de acuerdo al bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, las entidades gubernamentales, tanto legislativas como administrativas, deben realizar bajo ciertos parámetros, consultas poblacionales cuando las medias afecten directamente al grupo interesado; sin embargo, con la información que se cuenta, no hay una afectación directa a alguno de estos grupos en donde la autoridad está obligada a consultarlos si se perpetua una posible afectación a sus intereses.
Es por lo antes mencionado que se hace un atento llamado a la Delegación señalada, para que se informe al Congreso de Chihuahua, sobre la factibilidad y viabilidad del proyecto.

Reforma Congreso la Ley Orgánica del Poder Legislativo

–    La Secretaría General de Gobierno se cerciorará que exista coordinación entre las secretarías del Estado y los Centros de Justicia para las Mujeres.
El Congreso del Estado, reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la competencia de las dependencias en materia de colaboración entre las instancias presentes en los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, reveló que el 88.4 por ciento de las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, no solicitó apoyo a alguna institución, ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad; y si la violencia se manifestó en el ámbito escolar, laboral, comunitario o familiar, el porcentaje de no denuncia supera el 90 por ciento, señaló la diputada Georgina Bujanda Ríos, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.
Agregó que por lo anterior, es la necesidad de obligar a las diversas secretarías de Estado a coordinarse con los Centros de Justicia para las Mujeres, ya que estos pudieran atender a personas que han sido víctimas de delitos como violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, privación de la libertad personal, retención y sustracción de personas menores de edad, incumplimiento de la obligación alimentaria, discriminación por razones de género, violencia familiar, homicidio, feminicidio, desaparición de mujeres y trata de personas, entre otros.
En general, lo que se pretende es que la Secretaría General de Gobierno ejerza funciones de control, vigilancia, supervisión y seguimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y presida su Consejo Consultivo; y las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación y Deporte de Gobierno del Estado, colaboren con los Centros de Justicia para las Mujeres desde su ámbito competencial, enfatizó la Legisladora.
Por lo antes señalado, fueron reformados los artículos 25, fracciones XXVI y XXVII; 27, fracciones XIV y XV; 27 bis, fracciones XXII y XXIII; 29, fracciones XVII y XVIII; y se adicionó a los artículos 25, la fracción XXVIII; 27, la fracción XVI; 27 bis, la fracción XXIV; y 29, con la fracción XIX; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Por último, es importante resaltar que, Bujanda Ríos enfatizó que con las adecuaciones realizadas, se fortalecerá el sistema normativo vigente en materia de protección y prevención de la violencia en contra de las mujeres, en su vertiente de fortalecimiento institucional, a través de la coordinación intersecretarial gubernamental.

Exhorta Congreso a la FGE para que no se cobre el servicio de grúa y estancia vehicular 

En Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, se exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que dentro de su competencia, se abstenga, en caso de que así lo hiciere, de cobrar a la víctima del delito de robo de vehículo y daños el servicio de grúa y estancia vehicular, y de ser necesario, convenga con particulares para que el servicio no resulte oneroso para la víctima.
Lo anterior, con fundamento en los párrafos quince y veintiséis, del artículo 5, de la Ley General de Víctimas, en relación con la fracción V, del artículo 12, de la Ley Orgánica de la Fiscalía; y párrafo tercero, del artículo 1 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, señaló el diputado Fernando Álvarez Monje, integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.
Agregó que, lo que se pretende con el exhorto es que la parte afectada no tenga más detrimento patrimonial al ya sufrido, por lo que se hace el atento llamado a la Fiscalía General del Estado para que cuando la víctima de delitos de robo de vehículo y daños, en donde se haya emitido arrastre y/o depósito en corralón de los vehículos de las víctimas, las mismas no eroguen gasto alguno para el pago de dichas maniobras.

Piden al Congreso de la Unión una mesa de trabajo para revisión de propuesta del presupuesto de egresos para el campo para el 2021

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, para que se instale una mesa de trabajo para la revisión de la propuesta del presupuesto de egresos para el campo para el 2021.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentada por el diputado Miguel Ángel Colunga de MORENA, quien determinó se pretende lograr un presupuesto justo para el campo ante la situación de crisis económica que se enfrenta el país, disminuir las importaciones, impulsar el crecimiento, desarrollo y bienestar de la población, así como generar un sistema alimentario con valor nutricional.
Expresó que los recursos destinados al campo han disminuido de manera importante en los últimos dos años, lo que suma un recorte cercano al 40 por ciento. El presupuesto aprobado para el 2019 en lo que corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fue de 65, 435 millones de pesos, mientras que para el 2020, fue de 47, 577 millones de pesos.
Dijo que estos números en comparación de un año al otro, representan una reducción del 27.3 por ciento y en términos reales, el presupuesto de la secretaría antes mencionada, decreció un 50 por ciento en relación con el 2005.
“El pasado 08 de septiembre del 2020, se presentó el Paquete Económico 2021 por parte del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión; ante la crisis sanitaria y económica que enfrentamos, el sector agropecuario necesita seguir en crecimiento y por lo que, es necesario dotarlo de mayores recursos”, apuntó.
Mencionó que en el nuevo modelo de desarrollo del Gobierno de la República, la política agroalimentaria contribuirá a la planeación estratégica de las bases para lograr la autosuficiencia alimentaria y rescatar los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola de la situación en que se encuentran.
“Para alcanzar estos objetivos, se destinará 1.7 por ciento del total del gasto neto programable a la consolidación del desarrollo rural sustentable, la planeación y organización de la producción agropecuaria y su industrialización y comercialización, así como todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural”, concretó.
Además de esto, refirió que las Acciones del Gasto Público 2021 emprendidas por el Gobierno de México, a través de la SADER, tienen el propósito de contribuir al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria, dotando de liquidez y vinculando al acceso a servicios a los pequeños y medianos productores, y al mismo tiempo, enfocados en incrementar la productividad del campo de forma sustentable.
Por último, afirmó que el Ejecutivo Estatal de Chihuahua, cuenta hasta el 30 de noviembre de este año, para que se plantee un mayor presupuesto para el campo en el Estado y que la prioridad para el Poder Legislativo y Ejecutivo, es el lograr la autosuficiencia alimentaria de México y con ello, disminuir las importaciones.

Piden protocolos sanitarios para regreso a las escuelas en Chihuahua

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que en uso de sus facultades y de conformidad a lo establecido por las autoridades sanitarias, se elaboren lineamientos que definan el protocolo para el regreso a las escuelas de los trabajadores de la educación y alumnos.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado René Frías Bencomo de Nueva Alianza y quien afirmó que esto se debe de realizar para que se respeten los derechos a la vida y a la salud, de aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que si se requieren, se implementen medidas especiales para cumplir con sus labores.
En este sentido, dijo que también, se solicita en el documento, que el Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Educación y Deporte, elaboren lineamientos que definan el protocolo para el regreso a las escuelas de los trabajadores de la educación.
Expresó que desde principios de este 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró emergencia de salud pública internacional debido a la enfermedad del COVID-19, es por ello que México desde entonces, optó por medidas de seguridad y sanitarias para proteger a la sociedad del contagio de este virus.
“Una de las medidas que se establecieron a nivel local, nacional e internacional, fue la educación a distancia para que con ello, se protegieran a las y los niños, así como a los adolescentes; en este ciclo escolar 2020-2021, se registran estrategias por medio del internet y de programas de televisión, en los que se tienen contenidos desde educación inicial hasta educación media superior”, concretó.
Además de esto, apuntó que estas acciones han concretado un esfuerzo entre las y los trabajadores de la educación, los padres de familia y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes han asumido este nuevo reto con gran entereza, responsabilidad y con cambios en sus esquemas, formas de enseñar y planeaciones para las y los alumnos.
“Algo que preocupa en gran medida al gremio magisterial y a sus familias, es el arribo nuevamente a las aulas, ya que existe una cantidad enorme de maestros y de maestras que se encuentran en un estado de vulnerabilidad por diversos padecimientos y condiciones de salud y si bien, las autoridades se han pronunciado respecto de que de acuerdo a la semaforización federal y local, las escuelas deberán de regresar de manera presencial, hasta que el semáforo esté en verde”, puntualizó.
Sin embargo, enfatizó que en algunas regiones en las que se ha cambiado al semáforo amarillo, se les ha hablado a oficinas e instituciones educativas y por lo que es necesario que las autoridades correspondientes, elaboren los lineamientos pertinentes donde se establezca un claro protocolo de regreso y que dé certidumbre a sus trabajadores.

 

 

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