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Congreso de Chihuahua Expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, expidió la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chihuahua, la cual servirá como ordenamiento legal que coadyuve con el desarrollo de mecanismos, acciones para la modernización administrativa.
Con este nuevo ordenamiento estatal, se generará una operación más eficiente de la administración pública, y brindará certeza jurídica en la transmisión de información por medios electrónicos, como sucede ya con otros marcos regulatorios a nivel estatal y federal, indicó la diputada Blanca Gámez, presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto.
Agregó que, en el Capítulo I, se expresan las generalidades de la norma, tales como su objetivo principal, los sujetos obligados, así como el glosario de términos. En su Capítulo II, “De los Principios Rectores”, se refieren los elementos esenciales bajo los cuales se encuentra diseñada la norma, tales como la neutralidad tecnológica, la autenticidad, la equivalencia, la confidencialidad, entre otros; y se contemplan bases generales para la aplicación de la Ley; las atribuciones específicas para los órganos de gobierno y la supletoriedad del ordenamiento.
En su Capítulo III, denominado “De La Firma Electrónica Avanzada”, determina la regulación básica sobre el uso de la firma electrónica avanzada por los entes públicos y particulares, para lo cual se refiere que dicha herramienta tendrá, respecto de la información consignada en los mensajes de datos, el mismo valor que la firma autógrafa. De igual forma, se prevén las implicaciones que tiene el uso de la firma electrónica, así como los elementos para que la misma pueda considerarse válida.
En el Capítulo IV, “Del Certificado Electrónico”, se establecen las disposiciones relativas al certificado electrónico, como aquel documento firmado electrónicamente por el prestador de servicios de certificación, que vincula los datos de la firma electrónica avanzada al firmante y que sirve para confirmar su identidad.
Respecto del Capítulo V, se dedica un apartado completo a los mensajes de datos, señalando que tendrán plena validez, eficacia jurídica y obligatoriedad, y que contarán con el mismo valor jurídico y eficacia probatoria que la Ley otorga a los documentos escritos en soporte de papel y con firma autógrafa (salvo que la leyes exijan lo contrario o requieran una comparecencia personal u otra formalidad que no sea susceptible de cumplirse por medios electrónicos). En tal sentido, se prevén las disposiciones relativas a la reproducción, conservación, autenticidad y recepción de estos mensajes.
En el Capítulo VI, se detalla sobre los Derechos y Obligaciones de las personas titulares del certificado por medio del cual se utiliza la firma electrónica avanzada.
El Capítulo VII, denominado “Del Prestador de Servicios de Certificación”, se establece quiénes serán consideradas como autoridades certificadoras, teniendo tal carácter la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda del Estado; previendo de igual forma la posibilidad de que otras personas, como lo son los fedatarios públicos, las entidades públicas estatales y municipales y otras personas habilitadas, puedan prestar los servicios de certificación previstos por la Ley. Por ello, se disponen los requisitos que se deben cumplir para obtener la autorización como prestador de estos servicios.
Por último, agregó que el Capítulo VIII, contempla las Responsabilidades y Sanciones; las cuales se dirigen a los prestadores de servicios de certificación, mismos que podrán ser acreedores a la suspensión o cancelación de su autorización.
Para finalizar, la Legisladora señaló que sin duda estos avances tecnológicos deben ser utilizados para facilitar las relaciones jurídicas, garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, así como elevar las tasas de eficiencia gubernamental, por ello, con este nuevo ordenamiento, se genera una alternativa segura y confiable para los diversos actos jurídicos realizados en la Entidad.
Reforma Congreso del Estado su Ley Orgánica

Con la finalidad de atender y desahogar temas que requieren de seguimiento y continuidad, integrantes del Congreso del Estado de Chihuahua, reformaron los artículos 7 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para dar paso a la realización de sesiones o reuniones en la modalidad de acceso remoto o virtual, en caso de declaración de emergencia sanitaria emitida por la autoridad competente.
En dichas reuniones que podrán realizar también los órganos legislativos, como lo son la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, comisiones y comités, se habrán de conocer, analizar, discutir y en su caso, votar los asuntos que les hayan sido encomendados, previo acuerdo correspondiente, señaló el diputado Fernando Álvarez Monje, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Cabe mencionar que anteriormente, se realizaron una serie de adecuaciones al marco jurídico legislativo, para que se formalizaran reuniones con la finalidad de tratar única y exclusivamente los temas relacionados con la situación de salud pública derivadas de la contingencia por el COVID-19, por ello, el Pleno del Poder Legislativo se vio en la necesidad de reajustar la norma para permitir la resolución de situaciones que no se tenían previstas o que surgieron en este paso del tiempo.
Dado a lo anterior, en tanto continúe la contingencia de salud y sanitaria en la Entidad, se abre la posibilidad de tratar todos los asuntos turnados para su estudio y análisis; mediante acceso remoto o virtual,  y se reitera que durante la Diputación Permanente que se instala a partir de la clausura del Periodo Ordinario, se celebrarán los periodos extraordinarios necesarios, para desahogar temas pendientes.
Cabe recordar que, según la regulación, los periodos extraordinarios tendrán que iniciarse y clausurarse, además, las convocatorias a dichas sesiones, tienen que publicarse en el Periódico Oficial del Estado, a la par de enlistar los asuntos que se desahogarán en cada una.
Para finalizar, se enfatizó que los periodos extraordinarios podrán realizase en modalidad mixta, es decir de manera presencia en el Recinto Legislativo o vía remota, y estos habrán de iniciar en la segunda semana del mes de junio del presente año, para tener oportunidad de preparar los asuntos que se someterán al Pleno.

Exhorta Congreso de Chihuahua al Ejecutivo Federal para que apoye a los chihuahuenses en relación a las tarifas de luz eléctrica

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realicen las acciones necesarias para que se implemente la Tarifa 1F y se elimine la Tarifa doméstica de Alto Consumo para el Estado de Chihuahua,
Asimismo, para que de acuerdo a sus atribuciones y facultades, se prorrogue o condone el pago del servicio por el consumo de energía eléctrica, correspondiente a los meses de marzo a agosto del presente año y se evite la suspensión del servicio durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
El dictamen aprobado por unanimidad, fue presentado por la diputada Anna Elizabeth Chávez Mata, en su carácter de vocal de la Comisión de Energía del Congreso de Chihuahua.
La Legisladora argumentó que en el Estado de Chihuahua, al igual que en otros estados de la Republica, se cuenta con un clima extremoso durante todo el año, alcanzando fácilmente los 40 grados centígrados durante el verano, con una sensación térmica que rebasa los 45 grados; y los lineamientos para establecer las tarifas de consumo eléctrico, no cubren a cabalidad las necesidades de cada región del país, lo que hace evidente la discordancia entre una entidad y otra.
Es por lo anterior que se hizo el llamado a la autoridad para que se reconsidere aplicar la tarifa 1F para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, dado a las temperaturas que se registran en la actualidad en la Entidad.
Por otro lado, se urgió la necesidad de que se realice una condonación o prórroga en el pago de luz doméstica, agrícola y comercial y la cancelación de cortes de servicio, para los bimestres de marzo a agosto, para todos aquellos hogares que por falta de ingreso no han realizado el pago de luz eléctrica, durante esta contingencia sanitaria por COVID-19.

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