El Espectador le explica qué está sucediendo en Nicaragua con los opositores del gobierno en los meses previos a las elecciones presidenciales

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Un país donde no se pueden presentar opositores del gobierno a las elecciones presidenciales -donde se busca la reelección- porque está prohibido, donde no se acepta la participación de observadores internacionales con el objetivo de hacer una verificación independiente al proceso electoral y, además, es criticado por la falta de transparencia cuando se cocinan reformas electorales que terminan favoreciendo directamente a la actual administración.

Así se ve a Nicaragua, desde el mundo político, cuando ponemos los binoculares apuntando a Centroamérica. Por eso, para poder entender la que ha sido catalogada por la comunidad internacional como una persecución política que afecta directamente a la democracia, vamos a escribir este boletín con la ayuda de las más recientes publicaciones que han registrado nuestros colegas de la sección Internacional. Recuerden que para poder entender mejor recomendamos entrar a cada uno de los links que dejaremos a lo largo de este texto. Comencemos.

Justo el 22 de diciembre del año pasado en una versión de El Espectador le explica (artículo) contamos los primeros detalles de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Para entenderlo mejor y con la información que llegaba de las agencias de noticias, reportamos que la Asamblea Nacional de Nicaragua había aprobado una ley con la que se podría vetar las candidaturas de nicaragüenses que “alteraran” el orden constitucional o estuvieran de acuerdo con la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos. En otras palabras, quien fuera crítico del gobierno no podría aspirar a cargos ganados en las elecciones porque ni siquiera podría adelantar su candidatura.

Cada vez que se entra a analizar este tipo de situaciones donde los políticos terminan atornillándose al poder, se van encontrando figuras ocultas que más que peones se convierten en alfiles, torres y caballos en este ajedrez moviéndose en defensa de su rey. Ahí es cuando aparece Néstor Moncada Lau, un expolicía formado en inteligencia, cuyas decisiones se mantienen ocultas, ahora es asesor de seguridad nacional y pertenece al primer círculo de Daniel Ortega. Es un fantasma y solo organizaciones internacionales lograron hacerlo visible tras las denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Por eso la plataforma de periodismo la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas en el marco del especial #NicaraguaNoCalla, construyó este perfil “sobre este sombrío personaje”.  

En enero de este 2021, también fue Connectas quien nos envió este reportaje que explicaba cómo la relación del gobierno ha sido más cercana con los grandes capitales de lo que muchos de podrían imaginar.  ¿Qué sucedió? Que algunos grandes empresarios en Nicaragua “tuvieron incidencia directa en políticas públicas, integrándose en directivas de 43 instituciones estatales y acordando conjuntamente con el Parlamento, controlado por el oficialismo, 124 de las 326 normas aprobadas entre 2008 y 2018. Es decir, tuvieron incidencia en casi cuatro de cada diez leyes en ese período, mientras la oposición se fue debilitando”.

Daniel Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.

Y si eso pasaba hacia afuera del gobierno, también al interior aparecieron casos de los que tenían que callar para no perder su salario o simplemente exponerse al peor ‘castigo’. En ese país hay 150.000 servidores públicos, muchos públicamente sandinistas, pero otros tantos no y son los que guardan silencio. Salomón Manzanares, excatedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), terminó encarcelado. “Manzanares denuncia que hay acciones de monitoreo en las aulas universitarias, pues los dirigentes estudiantiles colocan en cada sección a uno o varios estudiantes, que ya sea por el beneficio de la beca o porque es afín al partido de gobierno o porque tienen aspiraciones políticas se encargan de fotografiar, grabar a los maestros y denunciarlos si no están alineados al Gobierno. Son los delatores”.

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Y entonces fuimos viendo cómo todo estaba amarrado al mismo objetivo, por ejemplo con las ramas del poder, con los mandatarios locales y nacionales, atacando a la prensa y se daban muestras de que el camino a las siguientes elecciones sería espinoso.

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