Estado de conmoción interior: qué es y cómo entenderlo

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El presidente Iván Duque Márquez señaló que no descarta acudir a la figura en caso de que las protestas no puedan ser atendidas con procedimientos convencionales, como el Código de Policía.

La conmoción interior es un estado de excepción que prevé la Constitución en caso de grave perturbación del orden público.
La conmoción interior es un estado de excepción que prevé la Constitución en caso de grave perturbación del orden público. / Mauricio Alvarado

La magnitud de las protestas en el país, que dejan 24 muertos, según cifras de la Defensoría, puso sobre el escritorio del presidente Iván Duque Márquez la herramienta de la conmoción interior, una figura que, en la práctica, le otorga al primer mandatario poderes extraordinarios para expedir decretos con fuerza de ley que pueden restringir derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

La conmoción interior está contenida en el artículo 213 de la Constitución Política, que señala, literalmente, que “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella”.

Esta figura, dice el mismo artículo, podrá ser utilizada por un término no mayor a noventa días, que podrá ser prorrogable por dos períodos más, es decir, que su duración máxima podrá ser de 270 días; sin embargo, para la segunda prórroga requiere del “concepto previo y favorable” del Senado de la República.

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La Constitución es clara al señalar que las facultades que obtenga el presidente con la conmoción interior serán “estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”. Esa restricción quedó escrita en el artículo siguiente, el 214, que señala que “los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción”.

En consecuencia, los decretos legislativos que se expidan podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción “y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público”. También obliga al presidente a enviar a la Corte Constitucional, al día siguiente de su expedición, “los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento”

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