Impuso la Función Pública sanciones económicas por 558.8 mdp en la Operación Justicia para Chihuahua

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Suman al momento 86 denuncias penales, 75 procedimientos administrativos y 78 exfuncionarios de la administración duartista inhabilitados hasta por 10 años


Con la Operación Justicia para Chihuahua, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones económicas por 558.8 millones de pesos (mdp) y 78 inhabilitaciones a cargos públicos hasta por 10 años, en contra de los saqueadores de los recursos de las y los chihuahuenses.

Así lo dio a conocer la titular de la secretaría, Mónica Vargas Ruiz, en el programa Logros con Valor, en donde informó los alcances logrados hasta el momento en la Operación Justicia y los avances en general de la dependencia a su cargo.

Destacó que con la Operación Justicia se derivaron 86 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, en las cuales se estima un daño a la hacienda pública por 2 mil 671 millones 515 mil 952.92 pesos.

Por otra parte, se iniciaron 75 procedimientos de responsabilidad administrativa en los cuales se involucra a 73 funcionarios públicos y en cinco de los casos, al exgobernador de Chihuahua, todo ello con un daño estimado por 1,760 millones 792 mil 163.35 pesos.

Mónica Vargas indicó que han sido parte fundamental en la Operación Justicia para Chihuahua, luego de que al recibir la administración, en octubre de 2016, tuvieron conocimiento de un sin número de denuncias por parte de diferentes entes de la administración pública.

Explicó que recibieron denuncias de la Secretaría de Hacienda, del Fideapech, de la Secretaría de Desarrollo Rural, del DIF, entre otras y una vez que se iniciaron las investigaciones y se estudiaron los expedientes, se detectó que se habían cometido diferentes irregularidades.

Las irregularidades, dijo, iban desde adjudicaciones directas hechas sin apego a la ley, contrataciones de las cuales no se recibió ningún bien o servicio, pagos indebidos o beneficios otorgados a personas o personas físicas o morales que no estaban o que no acreditaban para ser beneficiarios.

“Esto fue muy evidente, sobre todo en dos personas morales de donde el exgobernador era socio o bien, presidente de estas asociaciones cómo fue la Asociación Ganadera de la División del Norte y la Financiera de la División del Norte”, expuso.

En cuanto a los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial, Vargas Ruiz informó que hasta principios de este año se trabaja en 75 denuncias, de las cuales reiteró, serán repuestas 37 para adecuarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo estableció una jurisprudencia publicada en octubre pasado.

En cinco de esos procedimientos está involucrado el exgobernador, de los cuales ha sido notificado. Cuatro de estos procesos están dentro de los que serán repuestos.

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