Los crímenes contra la fauna requieren ser considerados delitos graves en el marco legal.

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Una historia de muchas… en febrero 2014 un ranchero en Sonora mató a una jaguar llamada corazón. El crimen se denunció ante Profepa y ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE) de la entonces PGR.

Elementos de la Profepa asistieron al sitio y colectaron los restos calcinados del jaguar que portaba un collar satelital puesto por investigadores. La UEIDAPLE se presentó en el sitio para “recabar” información, simplemente preguntando si el propietario de la tierra había matado a un jaguar. Un año después de haber analizado la evidencia determinaron que los restos encontrados… ¡no eran de humano! Después de contar con el apoyo de abogados, se logró que en otro año más, peritos dictaminarán que los restos de huesos eran de jaguar.

3 años después, luego de obtener por nuestra cuenta datos como nombres y direcciones de los entonces vaqueros en el rancho, la UEIDAPLE mandó un cuestionario al ministerio publico (MP) de Hermosillo para que sirviera de interrogatorio hacia las personas involucradas en el caso. Sin ningún tipo de entrenamiento ni el menor interés, la agente del MP les preguntó (leyendo el cuestionario) a los presuntos culpables, en dónde estaban el día de los hechos y si habían matado a un jaguar. Sin mayor investigación, tras los presuntos negar su relación con el caso, este se cerró ya que no se podían aportar mayores pruebas.
Corazón fue posiblemente envenenada, sin embargo, no se podía realizar un cateo en el sitio porque difícilmente un juez autoriza una orden de este tipo cuando no se trata de un crimen considerado grave. Por lo mismo, tampoco se le dio prioridad para realizar los interrogatorios en tiempo y forma. ¿Que hace a un crimen ser grave? Básicamente que la pena mas alta pase a ser mayor a 10 años de prisión.
Miles de ejemplares de diversas especies en peligro de extinción (totoaba, jaguar, monos, ocelotes, monstruo de Gila, guacamayas, etc.) son traficados o mueren a manos de gente que vive en la impunidad. No se puede detener esto a menos que se modifique la ley para que se puedan hacer investigaciones adecuadas que permitan que los culpables paguen por sus crímenes.
En México, de cada 100 denuncias solo un aproximado de 4% recibe una condena, la cual en su mayoría no pasa de 6 meses en prisión.

Senadores y Diputados, solicitamos modifiquen la ley para imponer mas de 10 años de prisión a quien prive de la vida a cualquier especie amenazada o en peligro de extinción y que se reconozca como crimen organizado cuando exista comercialización de estos o sus partes. Si creen que esos delitos no ameritan ser graves basta recordar que la vida de todos los humanos depende del equilibrio y de los servicios ambientales de los ecosistemas…para muestra tenemos el COVID.

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