¿Qué papel juega la justicia en la lucha contra el cambio climático en el mundo?

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En India, Nueva Zelanda, Inglaterra y Colombia, existen esfuerzos por proteger el medioambiente y los recursos naturales desde la justicia.Lejos de ser una fórmula mágica para acabar con el cambio climático, los jueces se están perfilando como un aliado más para detener su avance.

En manifestaciones a nivel global cada vez es más usual escuchar las peticiones de los ciudadanos sobre la necesidad de respaldar y robustecer la justicia climática como una manera de enfrentar el calentamiento global. /AFP
En manifestaciones a nivel global cada vez es más usual escuchar las peticiones de los ciudadanos sobre la necesidad de respaldar y robustecer la justicia climática como una manera de enfrentar el calentamiento global. /AFP
DENIS LOVROVIC

En la lucha mundial por frenar los efectos del cambio climático, y proteger como sea los recursos naturales, existen todo tipo de estrategias para darle la pelea a este monstruo de mil cabezas. La preocupación generalizada está en reducir los gases de efecto invernadero, fomentar el uso de energías renovables y el uso de carros eléctricos o eliminar por completo la deforestación. El panorama no es alentador. Las metas que se han propuesto cumplir a escala global, en escenarios como el Acuerdo de París, no se están cumpliendo en, por ejemplo, la reducción de los gases o el incentivo para usar energías alternativas. Y aunque en esta discusión no existen fórmulas exactas para combatir el problema, desde el mundo del derecho está cogiendo más fuerza una que tiene un factor diferencial: la justicia.

Académicos y juristas de todo el mundo, especializados en medioambiente y cambio climático, no dudan en afirmar que en los jueces y en sus decisiones hay una herramienta novedosa y con mucho potencial para lograr la protección a los recursos naturales. Su principal importancia radica en que, a través de sus órdenes, se puede obligar a un Estado y toda su estructura a proteger ríos, páramos o selvas, y hasta comprometerlos a reducir la producción de dióxido de carbono. En esos debates cada vez es más común escuchar términos como el de la justicia ambiental y justicia climática como el camino para que los ciudadanos hagan respetar sus derechos a tener acceso a un medioambiente sano. Una estrategia que podría evitar el recrudecimiento, aún más, del cambio climático.

La fórmula ha resultado esperanzadora. Los primeros en ponerla en práctica fueron Nueva Zelanda, a través del Acuerdo Ruruku Whakatupua Te Mana o Te Iwi O Whanganui, y la India, en la sentencia PIL No. 126, respectivamente, cuando dos de sus altos tribunales de justicia declararon que dos de los ríos más importantes de sus naciones debían tener los mismos derechos que los de una persona. La idea fue revolucionaria, pues con el reconocimiento del río como sujeto de derechos (ese es el término jurídico), cualquier persona que lo perjudique o le produzca cualquier daño se enfrentará a la justicia como si ese perjuicio lo cometiera en contra de otro ser humano. Aunque hoy esta explicación podría resultar lógica, hasta ese entonces ningún país había hecho algo similar.

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Pero el cambio se dio por una interpretación jurídica flexible, pues hasta ese momento en el mundo jurídico la diferencia entre las personas y los objetos o cosas (en este caso un río), permitía que solo los seres humanos fueran sujeto de derechos. A raíz de las decisiones de Nueva Zelanda e India, otros países como Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Colombia hicieron lo mismo con sus afluentes y otros recursos naturales. En el contexto nacional, los tribunales han hecho intentos similares. El primero fue la Corte Constitucional cuando, en 2016, a través de un sentencia de 2016, declaró que el río Atrato debía ser considerado como un sujeto de derechos y obligó a todo el Estado, desde las comunidades hasta al presidente, a protegerlo de la minería, la contaminación y cualquier perjuicio.

A raíz de esa decisión, y a corte de 2020, en el país se han protegido así 12 recursos naturales, entre ellos el páramo de Pisba (Boyacá), el Parque de los Nevados (en los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío) y, por supuesto, el Amazonas (protección ordenada por la Corte Suprema en 2018). Una apuesta que ha resultado ambiciosa, pues en esas sentencias se plasmaron todo tipo de órdenes a entidades públicas y privadas para lograr la protección de esos recursos, pero que hasta ahora sus cumplimientos están por verse. Más allá de acatar o no las órdenes de los jueces, el debate sigue vivo en todo el mundo, porque en la tras escena de todas las decisiones judiciales hay dos temas protagónicos: el cambio climático y la protección del medioambiente.

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